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Facturación electrónica: la reforma entró en vigor el 1 de septiembre de 2026

  • Jurídico
Publié le 9 octubre 2026

A partir de ahora, todas las empresas establecidas en Francia y sujetas al IVA deben poder recibir facturas en formato electrónico, independientemente de su tamaño.

Implantación progresiva de la obligación de emisión

Desde el 1 de septiembre de 2026, las grandes empresas y las empresas de tamaño intermedio (ETI) también están sujetas a la obligación de emitir sus facturas en formato electrónico.

Las pymes, muy pequeñas empresas y microempresas disponen de un plazo adicional y deberán cumplir esta obligación a partir del 1 de septiembre de 2027.

Las facturas electrónicas deben pasar por una plataforma de desmaterialización autorizada por el Estado que permite la transmisión segura de datos entre las empresas y la administración tributaria.

En total, más de 10 millones de agentes económicos se ven afectados por esta reforma.

E-invoicing y e-reporting: ¿qué operaciones están afectadas?

Como complemento a la facturación electrónica, la reforma prevé la implantación del e-reporting, un sistema de transmisión a la administración tributaria de los datos relativos a determinadas operaciones no cubiertas por el e-invoicing.

Esta obligación afecta principalmente a las transacciones con particulares, así como a determinadas operaciones internacionales.

Las empresas sujetas al IVA establecidas en Francia están obligadas a transmitir esta información cuando realizan operaciones con clientes particulares (B2C) o con operadores extranjeros, sean profesionales o no.

Una gestión de facturas más eficiente y más fiable

Esta generalización de la desmaterialización pretende modernizar los intercambios comerciales, simplificar las obligaciones declarativas y reforzar la lucha contra el fraude del IVA.

Al armonizar los formatos de facturación, la reforma tiende a reducir los errores de tramitación y los litigios. A largo plazo, reforzará los mecanismos ya existentes que han garantizado una reducción continua de los plazos de pago y permitirá así a las empresas anticipar más fácilmente su tesorería.