¿Cuál es la fiscalidad aplicable a las empresas en Francia?
La fiscalidad empresarial en Francia se enmarca en un entorno jurídico estable para apoyar el crecimiento, la innovación y la inversión de las pymes y los grupos franceses e internacionales.
Un entorno fiscal atractivo
Una fiscalidad modernizada y legible
En los últimos años, Francia ha emprendido reformas estructurales destinadas a reforzar el atractivo de su fiscalidad: reducción progresiva del impuesto de sociedades, disminución de los impuestos de producción y estabilización de las normas aplicables a las empresas.
Apoyar la innovación y la transición ecológica
La fiscalidad francesa integra dispositivos específicos para fomentar proyectos de alto valor añadido, especialmente en materia de investigación, innovación y transición ecológica, lo que permite a las empresas reducir el coste fiscal de sus inversiones estratégicas.
Seguridad jurídica y trato equitativo
Las normas fiscales aplicables a las empresas y a los grupos se basan en principios de transparencia, equidad y previsibilidad, lo que facilita la anticipación de las obligaciones fiscales en un contexto nacional e internacional.
Una protección contra la doble imposición
Gracias a una amplia red de convenios fiscales bilaterales, Francia ofrece a las empresas y a los inversores extranjeros una protección eficaz contra la doble imposición, contribuyendo a asegurar los proyectos de implantación y desarrollo.
Descubrir la fiscalidad en Francia
Impuesto de sociedades
El impuesto de sociedades (IS) francés está alineado con los estándares europeos y se basa en el resultado fiscal de la empresa.
Incentivos fiscales
Francia propone un conjunto coherente de incentivos fiscales que cubren la innovación, la industrialización, la transición ecológica y el desarrollo territorial.
Otros impuestos y tasas
Las empresas están sujetas a varios impuestos locales, principalmente el impuesto sobre bienes inmuebles y la contribución económica territorial (CET).
Asegurar su implantación
Las empresas pueden apoyarse en dispositivos fiscales que permiten obtener posiciones claras y oponibles de la administración para asegurar la fiabilidad de las decisiones de implantación.